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Las Órdenes militares de los reinos ibéricos son un conjunto de instituciones religioso-militares que surgieron en el contexto de la Reconquista, las más importantes surgidas en el siglo XII en las Coronas de León y de Castilla (Orden de Santiago, Orden de Alcántara y Orden de Calatrava) y en el siglo XIV en la Corona de Aragón (Orden de Montesa); precedidas por muchas otras que no han perdurado, como las Militia Christi aragonesas de Alfonso I el Batallador, la Cofradía de Belchite (fundada en 1122) o la orden de Monreal (creada en 1124), que tras ser reformadas por Alfonso VII de León tomaron el nombre de Cesaraugustana y en 1149, con Ramón Berenguer IV, se integran en la Orden del Temple.
En 1174 se crea en el Reino de Aragón la Orden de Monte Gaudio, por Rodrigo Álvarez III Conde de Sarria, tras la donación del castillo de Alfambra y su señorío por Alfonso II el Casto.[1] La portuguesa Orden de Avis respondía a idénticas circunstancias, en el restante reino cristiano peninsular.
Durante la Edad Media, al igual que en otros lugares de la cristiandad, en la península ibérica aparecieron órdenes militares autóctonas, que, si bien compartían muchas similitudes con otras órdenes internacionales, también presentaban peculiaridades propias, debido a las especiales circunstancias históricas peninsulares marcadas por el enfrentamiento entre musulmanes y cristianos.
El nacimiento y expansión de estas órdenes autóctonas se produjo fundamentalmente en la fase de la Reconquista en que se ocuparon los territorios al sur del Ebro y del Tajo, por lo que su presencia en esas zonas de la Mancha, Extremadura y el Sistema Ibérico (Campo de Calatrava, Maestrazgo, etc.) vino a marcar la característica principal de la repoblación, en grandes extensiones en las que cada Orden, a través de sus encomiendas, ejercía un papel político y económico similar al del señorío feudal. La presencia de otras órdenes militares foráneas, como la del Temple o la de San Juan fue simultánea, y en el caso de los caballeros templarios, su supresión en el siglo XIV benefició significativamente a las españolas.
La implantación social de las órdenes militares entre las familias nobles fue muy significativa, extendiéndose incluso a través de órdenes femeninas vinculadas (Comendadoras de Santiago y otras similares).
Después del turbulento periodo de la crisis bajomedieval, en que el cargo de Gran Maestre de las órdenes era objeto de violentas disputas entre la aristocracia, la monarquía y los validos (infantes de Aragón, Álvaro de Luna, etc.); Fernando el Católico, a finales del siglo XV consiguió neutralizarlas políticamente al obtener la concesión papal de la unificación en su persona de ese cargo para todas ellas, y su sucesión conjunta para sus herederos. La incorporación definitiva de las órdenes a los reyes de la Monarquía Hispánica se consiguió en 1523, bajo Carlos I. La Corona las administraba a través del Consejo de Órdenes.
Perdida paulatinamente toda función militar a lo largo del Antiguo Régimen, la riqueza territorial de las órdenes militares fue objeto de desamortización en el siglo XIX, quedando reducidas éstas al carácter religioso sumado entonces a la función social de representar, como cargos honoríficos, un aspecto de la condición nobiliaria católica.[2] También sus caballeros actualmente tienen los objetivos de defender la fe y la santificación personal, preservar el patrimonio histórico que tienen sus nombres y ser ejemplo de los valores católicos caballerescos que siempre apuntan a la búsqueda de la salvación.
Las órdenes militares actualmente son instituciones monárquicas reinstauradas a raíz de la iniciativa regia de Juan Carlos I herederas y continuadoras de las que fueron fundadas en el siglo XII. Del mismo modo, el Arma de Caballería del Ejército de España, es heredera y continuadora de aquel ejército, que tuvo su origen a finales del siglo XV, en tiempos de los Reyes Católicos, momento histórico en el cual el Ejército asume las misiones propiamente militares de las Órdenes, con el mismo espíritu y los mismos valores profundamente sentidos arraigados y sentidos por ambas partes. En la actualidad su configuración jurídica es la de una asociación de derecho común, distinción otorgada por Felipe VI si bien conserva sus tres fines confesionales de alabanza a Dios, defensa de la fe y santificación personal.